El fallo de la Corte Suprema que confirma la condena a Cristina Fernández implica un grave hecho de proscripción política que debe ser repudiado. Un régimen político que se apoya sobre la exclusión de opositores del proceso electoral no cumple la más elemental norma de una democracia.

Los fundamentos de la Corte son un aval a un proceso judicial que no pretende esclarecer la enorme trama de corrupción que reina en Argentina, en el que tienen sus huellas digitales todos los gobiernos y cuyos beneficiarios son los principales empresarios del país.

El Poder Judicial actúa en función de los intereses políticos de las camarillas que operan en su interior,  y de manera muy distinta a los hechos de corrupción de Macri y del propio Milei.

El uso de la Justicia para la proscripción de opositores es además el corolario de su utilización para perseguir a luchadores y militantes mediante el armado de causa truchas, cuya mayor expresión es el fraude judicial contra el Polo Obrero. El correlato de un régimen de proscripción es el ataque a las libertades democráticas y los derechos de los trabajadores.

Para derrotar estas políticas, las centrales deben convocar una movilización masiva a Plaza de Mayo y un plan de lucha que empalme con todos los reclamos populares.

En este cuadro de brutal ajuste y de cercenamiento de las libertades democráticas, este 11 y 12 vayamos con todas las fuerzas al paro nacional de la docencia universitaria.

10 de junio del 2025.-