Efectivamente van al momento de escribir esta nota 173 días desde que se incumple la Ley de Financiamiento Universitario, conquistada con planes de lucha desde 2024. Superando el veto presidencial y con fallos a favor, debería haber sido aplicada y los salarios de docentes y no docentes haber sido recompuestos de acuerdo a la pérdida con respecto a la inflación, lo mismo que un aumento sustancial en las becas estudiantiles. Hoy no sólo ni siquiera fue reglamentada sino que el gobierno envió hace un par de semanas un nuevo proyecto que en los hechos anula sus aspectos principales en cuanto a lo salarial y a las becas para los alumnos.

Si bien el gobierno presenta al nuevo proyecto como una “modificación” para adecuarlo a las exigencias de la política del déficit cero, es un paso más que da el gobierno en el vaciamiento de la educación superior, estatal, pública y gratuita.

Hoy un profesor universitario que trabaja las mismas horas que un maestro de grado  de jornada simple y hasta con 10 años de antigüedad, no llega a $500.000. Los preuniversitarios ganan un 30% menos que un docente de secundaria de CABA. De acuerdo a la ley conquistada, hoy el gobierno  debería pagar un aumento del 48.8% para docentes y no docentes y aumentar significativamente las becas estudiantiles. En cambio, el nuevo proyecto plantea pagar un 12,3% en tres cuotas, la última en setiembre. Y dispone el resto verlo en paritarias sin ningún compromiso de actualización como sí establece la ley, lo que significa que se compromete a seguir la misma política que ha tenido durante todos estos meses de gobierno: negativa de paritarias y con cada “aumento” decretado, mayor pérdida de nuestros bolsillos con respecto a la inflación. 

El argumento de que la Ley de Financiamiento Universitario  es la destrucción del déficit cero es falso. Sólo implicaría un 0,23% del PBI, nada de nada. Como en muchas otras medidas antiobreras y contra la educación y la salud pública, Milei rechaza ese “gasto” mientras impone cambios, como el vaciamiento del Anses a favor de las patronales que quieran despedir trabajadores o las rebajas de impuestos a grandes capitales, que desfinancian al Estado.

O el aumento del 123% a los ministros, que se ve que no pueden competir con el avance patrimonial de Adorni, uno de los tantos escándalos de corrupción que repugnan a la población y golpean al gobierno.

Sin embargo, no es sólo Milei y su gabinete. Como ha trascendido en medios de prensa el nuevo proyecto fue consensuado con gran parte del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional, que agrupa a los rectores de las universidades públicas), tanto del ala radical como del PJ. No es casual que justamente lo único rescatable del nuevo proyecto es el artículo que determina que las universidades con hospitales (UBA, La Plata, Córdoba, Mendoza, Tucumán y Rosario) recibirán $80.000 millones.

Con estos datos no llama la atención que en sus primeras declaraciones como presidente del CIN, el Dr. Bartolacci, ex rector de la UNR (Universidad Nacional de Rosario), haya llamado a mantener las aulas llenas y a buscar caminos de diálogo, lo que suena raro con alguien que  descalifica a la universidad pública desde que asumió. Igual actitud tomaron otros, entre ellos el rector y el vicerrector de la UBA, quienes, además, hacia fines de marzo emitieron un comunicado amenazando con realizar descuentos a todos aquellos docentes de las escuelas y colegios preuniversitarios que hicieran paro. ¿Será que la UBA pretende aplicar la esencialidad que la propia justicia decretó ilegal?  Lo que sí es seguro es que mientras el gobierno no cumple, las autoridades de la UBA, como las de la universidad de Mendoza, castigan a la docencia que pelea por lo que les corresponde.

Es ley y el gobierno debe cumplir

La Ley de Financiamiento Universitario pasó por la Cámara de Diputados y la de senadores. Fue aprobada en ambas. Luego vetada por el Poder Ejecutivo, vetos que fueron rechazados por los 2/3 en ambas cámaras. Así, el Congreso Nacional la votó cuatro veces. Pero además, en un intento de maniobra, el gobierno introdujo en el Presupuesto nacional un capítulo, el 11°, que anulaba la ley. También la Cámara de Diputados votó en contra de ese capítulo, quedando por fuera del presupuesto nacional. O sea: 5 veces ratificada. 

La ley, además, ya cuenta con dos fallos, en primera y segunda instancia, de la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, que han determinado que el gobierno debe aplicarla.

Por supuesto, en ambos casos, fue fundamental la presión en las calles y en las aulas para que el mismo Parlamento que acaba de entregar el agua de nuestro pueblo, o la misma Justicia que se acomoda a los requerimientos del poder, reafirmara de una manera u otra la justeza de nuestro reclamo.

A pesar de esto, siguen pasando los días, nuestros bolsillos vaciándose y la ley no se aplica. Por eso reclamamos que el CIN exija a la justicia que ejecute la aplicación. Y a las federaciones un plan de lucha decidido para ganar.

Cómo lograrlo

El 2025 cerró con un claro balance en el activismo: las medidas aisladas y descoordinadas  nos debilitan, desorganizan y desmoralizan.

Por eso desde febrero de este año  la Naranja Nacional impulsó en todo el país la necesidad de un paro por tiempo indeterminado, con acciones junto a los estudiantes y una nueva gran marcha nacional. Cuando un gobierno te debe un aumento en tu salario del 50%, lo que equivale a haber trabajado desde diciembre de 2023 alrededor de 11 meses sin cobrar, la medida que se impone no puede ser la misma de siempre, que por otra parte demostró no lograr mover de su negativa al gobierno.

Con este balance y esta posición participamos en cada asamblea  tanto en Conadu como en Conadu Histórica, recogiendo en la mayoría de ellas el apoyo de amplios sectores. Así fue que en la UBA, se impuso en las asambleas de AGD UBA, por unanimidad, este planteo siendo hoy el único sindicato que lo viene desarrollando. Pero también tuvo masivo apoyo en preuniversitarios de Córdoba, en La Plata, en Luján,  en Salta, Jujuy, Comahue, Bahía Blanca y en muchas asambleas del conurbano que votaron mandatos de paro por tiempo indeterminado hacia los plenarios y congresos de la Conadu y Conaduh.

Esta posición choca con la parálisis del Frente de Gremios Universitarios que salvo alguna medida aislada no tomó ninguna iniciativa de conjunto.  Por el contrario, a pesar de todas las noticias respecto al apoyo que desde miembros del propio consejo de rectores se daba al proyecto del gobierno contra la Ley de Financiamiento Universitario, siguió a la rastra de las patronales universitarias. Así, continuaron con la misma política y acción de descomprimir que tuvieron durante todo el conflicto. Tampoco al día de hoy han sacado la convocatoria a una marcha nacional, reclamo unánime de la docencia.

La Conadu, que junto a la Histórica tiene la mayoría de la representación docente, intentó disimular su inmovilización con carpas blancas itinerantes, que tuvieron cero incidencia en todo el país.  Chocaron así con asambleas muy numerosas que, incluso en la de  la Jauretche, sindicato al que pertenece la secretaria general, habían resuelto medidas de continuidad del paro. A pesar de ellas, y de la respuesta en inmensas concentraciones en La Plata, numerosas asambleas con mandato de continuidad, el último plenario ratificó una medida recién para fines de abril. En la UBA su gremio de base, Feduba, ni siquiera cumplió las medidas aisladas que llamó la federación, alineándose claramente con los gremios afines al Rectorado Apuba y Aduba.

UTE/Ctera, con representación parcial solo en los colegios preuniversitarios de la UBA, actúan, al igual que Fedun en todo el país, como agentes de las patronales universitarias.

Fatun, federación no docente, convoca a un mísero paro por semana. En la UBA su gremio de base, Apuba, rompió con la federación y al igual que Aduba (Fedun), actúan como voceros y ejecutores de las decisiones del rector hacia docentes y no docentes. 

En el caso de la Conadu Histórica, desde la conducción se siguió detrás del ritmo impuesto por el Frente de Gremios,  priorizando una unidad montada sobre la base de no dar una pelea decidida para conquistar lo que nos deben. Este fue el debate que, además de darse en asambleas de base, llegó a sus congresos donde 1/3 del mismo se pronunció por medidas de continuidad. En el último, finalmente, si bien perdió la moción de paro por tiempo indeterminado,  se convocó a parar en la semana del 13 de abril, además de la de fin de mes.

Una estrategia diferente

En AGD UBA, conducida por la Naranja, impulsamos en asambleas y reuniones de nuestros organismos, la línea que planteamos a nivel nacional, y que fue apoyada por toda la mesa ejecutiva, mayoría y minoría. También votamos proponer a la Conadu Histórica que se ponga a la cabeza del conflicto organizando la continuidad de la lucha frente a la defección del resto de las federaciones. Para eso propusimos que nuestra federación convoque a un plenario o encuentro a todos los sindicatos  de cualquier federación, a todos los activistas y sectores dispuestos a impulsar un plan de lucha hasta ganar, que se aplique la ley  y nos paguen lo que corresponde.  Nuestra propuesta fue rechazada; intentamos convocar desde nuestro sindicato pero al momento los sindicatos de base que coinciden con el planteo no nos han respondido.

Mientras, la bronca y  el hartazgo siguen. Lo mismo que las renuncias  - hoy más de 10.000 en total- y pedidos de licencia o de reducción de dedicación. Se están vaciando los equipos de docencias, investigación y extensión, produciendo un deterioro que será muy difícil recuperar.  Todo esto se manifestó en cada asamblea general o por unidad que convocamos desde AGD UBA, fundamentalmente en las facultades cuya docencia vive del trabajo universitario, como Exactas o Filo, o CBC y en las escuelas preuniversitarias. Con diferencias entre las distintas unidades académicas al día de hoy seguimos sin volver a las aulas y con anormalidad áulica, manteniendo también contacto con nuestros estudiantes que en su mayoría se han sumado a todas las actividades propuestas.

Además del paro, clases públicas, sentadas, abrazos, semaforazos, asambleas intergremiales, charlas temáticas, realizamos dos actividades centrales. Clases públicas en la casa de Adorni y una jornada universitaria en Plaza de Mayo, ésta junto a ATE Conicet CABA. Ambas con amplísima convocatoria que nos permitieron reinstalar el conflicto universitario como eje político, contrastando quienes defendemos a la universidad pública con el gobierno sostenido por corruptos.

Todas estas acciones demostraron que sigue vigente la unidad de docentes y estudiantes, quienes junto a los no docentes somos la garantía de defensa de una universidad abierta al conjunto de la población frente a un gobierno que pretende aniquilarla en función de intereses mercantilistas y privatistas. En esto enfrentamos a las burocracias sindicales y estudiantiles  y a las autoridades universitarias  que, o avalan, o dejan que el gobierno avance.

Más que nunca, ahora

Pero el gobierno está en su peor momento. Con un plan económico que se le hunde por todos lados y carcomido por las denuncias de corrupción. Tenemos que poner el pie en el acelerador para que su proyecto de modificación de la ley, que desconoce la deuda, no avance. La población puede apoyar  masivamente, como en 2024.

El hastío de las bases docentes y no docentes está llegando a oídos de las propias direcciones y autoridades. El CIN acaba de convocar para este miércoles una jornada de universidades abiertas 24 hs que más se parece a un paro a la japonesa o a la Noche de los Museos, una medida con la que intenta demostrar que algo hacen mientras siguen dando tiempo a Milei. Más que nunca insistamos en medidas de lucha contundentes y acciones de visibilización junto a nuestros estudiantes. La tercera marcha universitaria es urgente,  no puede pasar de principios de mayo.

Llevemos estas posiciones y debates a cada asamblea para torcer el brazo a los que dilatan o traicionan. En defensa de la universidad pública y sus trabajadores y estudiantes.

Desde la Agrupación Nacional Naranja de docentes e investigadores impulsamos la necesidad de un plenario de delegados y activistas docentes que delibere cómo organizarnos para desenvolver el plan de lucha para que se aplique la ley.